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Evolución de la Atención Psiquiatrica

Las personas con enfermedades mentales graves o crónicas han sufrido una larga historia de marginación, han sido víctimas de una actitud general de incomprensión que se ha manifestado de diferentes formas: con la tortura cuando se les consideraba “seres endemoniados”, el olvido, no prestándoles la protección necesaria y formando parte de los grupos sociales más desfavorecidos, la reclusión con la finalidad de control y segregación para mantener el orden social y proteger a la sociedad de estas personas “peligrosas”; y el abandono, social e institucional haciendo de la familia prácticamente el único mecanismo de ayuda y protección del enfermo.

Las formas de vida, la situación económica, cultural y social de cada momento han condicionado y permitido al mismo tiempo el desarrollo de diversas medidas de control/atención – quizá no siempre las más adecuadas- de la enfermedad mental.

La familia y la comunidad vecinal fueron las primeras respuestas a las situaciones de carencia de este colectivo, posteriormente las corporaciones civiles y la institución de la iglesia fundando asilos y hospitales.

Como respuesta a la fuerte crisis económica que se produce en todo Europa en el S.XVII y como medida para mantener el orden social se produce el encierro masivo de mendigos, enfermos y desempleados. Aparecen entonces las primeras leyes para pobres, con prohibiciones de mendigar y castigos de galeras y destierro.

Pero, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y con el Contrato Social y la libre circulación de personas y bienes, se suprimen las órdenes reales que permitían el ingreso con una autorización gubernativa de cualquier persona molesta, el enajenado ya no puede ser encerrado.

A partir de este momento, los médicos comienzan a tener una gran importancia en el tratamiento del enfermo mental, pues los ingresos deben estar basados en razones terapéuticas y de curación.

En este contexto se fundan los primeros manicomios, que supusieron una visión moderna del problema, por primera vez la enfermedad mental (entonces, locura) era tratada como susceptible de tratamiento médico y nace la psiquiatría como especialidad médica.

Hasta hace pocas décadas, el principal modelo de atención a las necesidades y problemática psiquiátricas y psicosociales de esta población, se organizaba en torno al internamiento durante largos períodos de tiempo, e incluso de por vida, en estas instituciones psiquiátricas.

Pese a que muchos de los psiquiatras consideraban que estos centros no desarrollaban una actividad terapéutica, y que cada vez tenían menor capacidad para atender la creciente demanda, se mantienen hasta mediados del S.XX, cumpliendo en muchos casos una función fundamentalmente asilar y custodial.

Afortunadamente, y gracias a la confluencia de diferentes factores: el principal, el descubrimiento de los primeros psicofármacos, denominados neurolépticos, para el tratamiento de la enfermedad mental y los cambios económicos y sociales acontecidos tras la 2ª Guerra Mundial, propicia la aparición de un nuevo modelo de atención a este colectivo, denominado psiquiatría comunitaria, consistente en la transformación y supresión de los hospitales psiquiátricos y en la progresiva integración de la población institucionalizada en su comunidad y en sus familias, posibilitando el tratamiento de forma ambulatoria en su entorno comunitario.

Las políticas de Reforma Psiquiátrica se pusieron en marcha en la mayor parte de los países en las décadas de los 60 y los 70 y en España a lo largo de los años 80. Los principios que sustentan el desarrollo de la Reforma Psiquiátrica en España se recogen en el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985, Ministerio de Sanidad y Consumo) y quedan plasmados en el Art. 20 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de Abril):

La atención a los problemas de salud mental de la población se realizarán en el ámbito comunitario potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización. Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría.
La hospitalización de los pacientes en procesos que así lo requieran se realizarán en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán asimismo, en coordinación con los servicios sociales, aspectos de atención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompaña a la pérdida de salud en general”.
Esto ha supuesto para el colectivo de enfermos mentales graves y crónicos un cambio y una mejora sustancial. Frente a la institucionalización, el modelo de salud mental comunitario propiciado por la Reforma Psiquiátrica, organiza la atención de las problemáticas de dichas personas en su propio entorno familiar y social.

Por otra parte, con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, se hizo necesario un cambio legislativo en materia de internamiento. La Constitución vino a reconocer como derechos fundamentales el derecho a la vida y a la integridad física y moral en el art. 15 y el derecho a la libertad en el art. 17, añadiendo además que nadie podía ser privado de su libertad sino con observancia de lo establecido en dicho artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. De este modo, hubo una modificación del Código Civil en el año 83, según Ley 13/1983, de 24 de octubre, en relación a los internamientos involuntarios de los enfermos, introduciendo con el art. 211 la obligatoriedad de someter a control judicial cualquier internamiento involuntario.

De manera que, a partir de este momento, la atención hospitalaria se reserva para las situaciones en que el enfermo sufre una reagudización de su sintomatología psicótica, pudiendo proceder a su internamiento involuntario, previa autorización judicial, pero solo durante el tiempo que perdure el “brote psicótico” y con el único objeto de poder tratarlo farmacológicamente, teniendo que integrarse de nuevo en su entorno comunitario tras la compensación de la “crisis”.